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Desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, organización defensora de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, manifestamos nuestra preocupación e indignación ante los hechos acontecidos con indígenas de la Comunidad Y’apy Santa Isabel, del Distrito de Yryvukua, Departamento de San Pedro.

Según denunció el líder, miembros de la comunidad que trabajan en una empresa agrícola cercana fueron obligados por los propietarios a vacunarse con un medicamento antiparasitario de uso veterinario bajo el supuesto de prevenir la propagación de la Covid 19, ya que en la comunidad se detectaron casos de la enfermedad. Este hecho generó daños en la salud de los afectados. Además, la empresa en cuestión habría dejado fuera del trabajo a, al menos, tres indígenas que se negaron a la vacunación.

A estos graves sucesos se sumaron amenazas y amedrentamientos por parte de los propietarios de la Estancia hacia los denunciantes.

Estas prácticas representan un atentado contra los derechos humanos, una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, además de no estar autorizado por el Ministerio de Salud e ir en contra de la normativa laboral.

Exhortamos a las autoridades a cumplir con la obligación de identificar y sancionar a los responsables de tan deleznable hecho, además de garantizar el acceso a la salud y a condiciones dignas de vida y trabajo para los integrantes de la comunidad.

Foto: MSPBS

Según el monitoreo realizado por la Organización Tierraviva las comunidades indígenas del Chaco recibieron solo una asistencia alimentaria por parte del Estado durante los más de 120 días que lleva la cuarentena en nuestro país. El reporte se realizó en base a contactos con 99 comunidades indígenas de la zona, que reportan dificultades para el abastecimiento de alimentos y agua potable.

Según señala el informe uno de los principales problemas que enfrenan las comunidades es el desabastecimiento de alimentos, se indica que las comunidades indígenas “cumplieron a rajatabla las recomendaciones y tomaron medidas para prevenir el contagio, limitando el acceso y circulación por sus comunidades. La respuesta del Estado en cuanto a la asistencia fue lenta e insuficiente. Se señala además que a nivel estatal la asistencia a las comunidades quedó a cargo de el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en la Región Oriental, y en el Chaco la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Según el monitoreo, la entrega de alimentos ha sido escasa y en el Chaco hubo solo una entrega desde el inicio de la cuarentena, una asistencia mínima e insuficiente fue la que llegó a las comunidades. El documento señala también que muchas comunidades debieron sostenerse mediante la caza, recolección y la pesca, sin embargo, esto es más difícil en las comunidades rurales ubicadas en entornos intensamente degradados por la deforestación.

El informe reporta que como consecuencia de las medidas impuestas por el gobierno en el marco de la cuarentena inteligente se dieron algunos cambios en las fuentes de ingreso y de alimentos habituales de las comunidades. Por más que la actividad agropecuaria estuvo siempre exceptuada, las changas en establecimientos ganaderos se vieron fuertemente disminuidas. Así también, la limitación en la circulación de vehículos implicó la caída en la demanda de miel, artesanías y pescados. Esto implicó que la miel sea vendida a precios más bajos que en el mismo periodo en años anteriores.

Edgar Olmedo, titular del Instituto Paraguayo del Indígena, informó que el ente rector de la política indígena en el país no recibió “un solo guaraní” de los fondos públicos destinados a atender las necesidades generadas por la pandemia de COVID-19. Más de 1600 millones de dólares fue la deuda adquirida por el Estado para atender la contingencia.

Las declaraciones del Presidente del INDI se dieron en el programa Devuelvan Nuestra Tierra, espacio radial dedicado a las comunidades indígenas del Chaco. Según comentó, desde la institución solicitaron al Ministerio de Hacienda que destine parte de los Fondos de Emergencia al INDI, a fin de que puedan usarlos para asistir a las comunidades indígenas, sin embargo, hasta este momento no hubo respuestas por parte del Ministerio a cargo de Benigno López.

“No se le puede seguir pidiendo a las comunidades que permanezcan en sus territorios si están pasando hambre” reconoció Olmedo al ser consultado por la escasa asistencia alimentaria que recibieron las comunidades indígenas del Chaco durante la cuarentena, y agregó que están en dialogo para que la Secretaría de Emergencia Nacional haga una segunda entrega de kits alimentarios a las comunidades en los próximos días.

“Las comunidades indígenas cumplieron a disciplinadamente con el aislamiento y las medidas de protección” indicó el funcionario reconociendo que el esfuerzo de las comunidades no fue debidamente retribuido por el Estado. Además Olmedo señaló que están en tratativas con diferentes autoridades a fin de lograr que se declare en emergencia al Chaco por la sequía que deriva en una grave escasez de agua para las comunidades indígenas, muchas de las cuales se encuentran consumiendo aguas contaminadas, provenientes de riachos o cunetas.

Los organismos internacionales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado a los Estados a proteger particularmente a la población indígena ya que son un sector vulnerable, a pesar de estas recomendaciones el Estado paraguayo no ha otorgado fondos al ente encargado de la política indígena, y prácticamente no ha tomado medidas particulares a fin de proteger a los pueblos indígenas.

Ante el incumplimiento por parte del Estado paraguayo de su obligación de informar respecto al avance en el cumplimiento de las sentencias relacionadas a las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Estado a remitir informes al respecto.

La Corte consulta particularmente sobre el retraso en la construcción del Camino para la Comunidad Indígena Yakye Axa; un tramo de 33 kilómetros que permitirá a las familias de la comunidad acceder a sus tierras, la construcción del camino tiene un atraso histórico de más de 8 años, a finales de 2019 el Presidente de la República promulgó una Ley de expropiación que permitiría finalmente la construcción del anhelado camino, sin embargo, el gobierno no ha iniciado los trabajos alegando un sin fin de trabas burocráticas.

La nota de la Corte IDH indica además que el Estado deberá responder sobre las medidas que se hayan tomado para atender a las comunidades con sentencia en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“Considerando que el Estado no ha presentado los informes completos sobre todas las medidas pendientes de cumplimiento en cada uno de estos tres casos, conforme a lo requerido en las Resoluciones emitidas el 14 de mayo de 2019, y que los plazos otorgados para ello se encuentran ampliamente vencidos, siguiendo instrucciones de la Presidenta del Tribunal, se solicitó, por tercera vez al Estado, que remita los referidos informes de manera completa y actualizada” señala la misiva remitida por la Secretaría de la Corte IDH a los representantes convencionales de la Comunidad.

El Estado paraguayo deberá responder a este llamado de atención a más tardar el 3 de agosto del corriente. Cabe mencionar que los fallos internacionales favorables a las comunidades indígenas datan de los años 2005, 2006 y 2010 respectivamente pero, a pesar de los años, ninguna de ellas ha llegado a un cumplimiento pleno de las sentencias.

Según el monitoreo realizado por la Organización Tierraviva más de 50 comunidades indígenas del Bajo Chaco se encuentran con requerimientos urgentes de acceder a agua; la fuerte sequía que afecta al Chaco ha dejado prácticamente sin reservas a los pobladores, que se ven obligados a consumir agua de los tajamares, no apta para consumo humano. Según señalan desde diferentes organismos del Estado, la ayuda llega a las comunidades, pero de forma insuficiente. 

Rubén Cuevas, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), mencionó que, si bien la sequía es habitual en esta temporada, le resulta atípico que la zona del Bajo Chaco esté siendo tan afectada, ya que normalmente suele recibir algunas lluvias aún en tiempos de sequía. Indicó que la SEN se encuentra monitoreando, conjuntamente con los gobiernos locales, la situación y asistiendo en la medida de las posibilidades; Cuevas señaló que cuentan con camiones cisterna para asistir a las comunidades, sin embargo, al no existir fuentes de agua en la zona las cantidades del líquido que pueden entregar a las comunidades son limitadas. 

Los testimonios de los líderes indígenas dan cuenta de la angustiosa situación que atraviesan las comunidades debido a la falta de agua, muchos miembros de las comunidades se enferman debido al consumo de agua en mal estado, que es lo que queda en los tajamares actualmente. Los principales afectados son los niños, niñas y adultos mayores que desarrollan cuadros de vómitos y diarreas a causa de intoxicaciones por el agua de mala calidad que consumen. 

El Servicio Nacional de Sanidad Ambiental (SENASA) es otra institución que tiene a su cargo garantizar el acceso a agua potable, desde su Dirección de Asuntos Indígenas informaron que actualmente no se encuentran realizando asistencia, pero que están relevando datos de las comunidades con mayores inconvenientes a fin de poder desarrollar soluciones a futuro. 

Solo en la zona del Bajo Chaco cerca de 3.000 familias indígenas estarían requiriendo una asistencia urgente debido a la falta de agua, elemento vital para la vida. La asistencia del Estado es insuficiente y, a pesar de que la situación es reiterada, no se cuenta con un plan integral y sistemático de asistencia a las comunidades afectadas por la sequía. 

 Foto: Abc Color

Por segundo día consecutivo se realiza el cierre de la Ruta Pozo Colorado Concepción por parte de la Comunidad Yakye Axa, que cuenta con el acompañamiento de miembros de otras comunidades indígenas de la zona, reclamando el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad aguarda hace años al costado de la mencionada ruta que el Estado construya un camino que les permita ingresar a sus tierras.

El Director Jurídico del Instituto Paraguayo del Indígena, Abogado Daniel Benítez, manifestó que el INDI ha realizado diversas gestiones para atender los reclamos de la comunidad, “todo lo que está en el ámbito del INDI ya se resolvió mediante resoluciones adoptadas por el Presidente, ahora falta la cuestión del camino que depende del Ministerio de Obras Públicas” indicó.

Sin embargo, el punto central del reclamo es la exigencia de la construcción del camino que permita ingresar a las tierras de la Comunidad, este punto aún no fue respondido por las autoridades. En ese sentido Benitez señaló que según las informaciones a las que el INDI accedió, el día viernes se firmaría un acuerdo entre los establecimientos ganaderos, que rodean las tierras que deben ser ocupadas por la comunidad, y el MOPC a fin de que las maquinarias del puedan iniciar la construcción del tramo de unos 33 kilómetros que permitirá que Yakye Axa ingrese a sus tierras tras más de 20 años de lucha.

La construcción del camino fue resuelta por la Ley 6465/19, que expropia los terrenos necesarios para la construcción del mismo con un trazado favorable para las comunidades y menos oneroso para el Estado; Benítez indicó que el INDI apoya dicho trazado ya que es el resuelto por la comunidad.

A la espera de que las autoridades den respuestas concretas al reclamo de la construcción del camino la comunidad Yakye Axa inició ayer, al cumplirse 15 años de la Sentencia de la Corte IDH, una manifestación indefinida con cierre de la Ruta Pozo Colorado – Concepción, donde se mantienen firmes en sus reclamos.

Este miércoles 17 de junio se cumplen 15 años de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa, en el fallo se reconoció la violación de derechos humanos de los integrantes de la comunidad indígena por parte del Estado paraguayo y se ordenaba la restitución territorial a los y las indígenas. Sin embargo, hasta hoy los miembros de la comunidad continúan sin poder acceder a sus tierras y sin que el Estado garantice sus derechos fundamentales, por eso realizan una manifestación cerrando la ruta Pozo Colorado-Concepción. 

El cierre de ruta se desarrolla desde las 6 de la mañana de este miércoles por tiempo indefinido aguardando que las autoridades respondan al reclamo de la comunidad de abrir un camino que les permita acceder a sus tierras. Según informaron los líderes de la comunidad la manifestación se realiza respetando las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. 

En el año 2011 el Estado paraguayo adquirió 12.312 hectáreas de tierra que debían ser aseguradas y entregadas a la comunidad, sin embargo, esto no ocurrió ya que el Estado incumplió su compromiso de construir un camino público y de todo tiempo que permita a la comunidad acceder a su territorio, tampoco el Estado realizó hasta hoy la mensura de las tierras que permitan asegurarlas en favor de la comunidad. 

Las tierras que deben ser entregadas a la comunidad se encuentran rodeadas por establecimientos ganaderos que no permiten el paso de los indígenas por sus caminos, además de que la falta de caminos constituye un constate problema para las comunidades indígenas que viven en zonas cercanas ya que permanentemente se encuentran aisladas y sin posibilidad de acceder a servicios fundamentales. Tras años de reclamos y de no poder ingresar a sus tierras la comunidad Yakye Axa, junto a otras comunidades indígenas de la zona y con el acompañamiento de Tierraviva y Amnistía Internacional, impulsó una Ley de Expropiación que permita la construcción del camino, un tramo de apenas 33 kilómetros, que podría transformar la vida de las familias de Yakye Axa y otras comunidades; la propuesta fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en diciembre del año 2019, sin embargo, el Estado no ha avanzado en la construcción del camino durante el primer semestre del año. 

La comunidad Yakye Axa, del Pueblo Enxet, está compuesta por unas 60 familias que desde hace décadas habitan al costado de la Ruta Pozo Colorado – Concepción; allí subsisten en medio de graves precariedades como la falta de acceso a agua potable, alimentos y servicios adecuados de salud y educación.  

Escasa información existe respecto a la asistencia destinada a las comunidades indígenas en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, ante esta situación desde Tierraviva hemos realizado consultas, mediante los portales de acceso a la información pública, para conocer que montos ha destinado el Estado a asistir a las comunidades indígenas del Chaco.  

Mediante la Ley de Emergencia, aprobada a mediados de marzo pasado, el Gobierno ha accedido a créditos por 1600 millones de dólares que debían ser destinados a la asistencia sanitaria y social para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Según las autoridades las informaciones respecto al uso de esos fondos serían publicadas en el portal Rindiendo Cuentas – Módulo COVID, sin embargo, ni el Instituto Paraguayo del Indígena, ni la Secretaría de Emergencia Nacional figuran como entes vinculados a la ejecución de planes y proyectos en el marco de la Emergencia en dicho portal – a la fecha de la elaboración del presente informe (25/05/2020)-, por tanto, las acciones emprendidas por ambas carteras de Estado, encargadas de la asistencia a comunidades indígenas, no se encuentra a disposición de la ciudadanía. 

Según se encuentra en el portal mencionado, sin discriminar entre familias indígenas y no indígenas, en el Chaco paraguayo se entregaron alrededor de 12.200 subsidios de apoyo alimenticio denominado Ñangareko, estos subsidios significaron una inversión de 1.435 millones de guaraníes. Cabe mencionar que en la Región Occidental la asistencia a comunidades indígenas estuvo a cargo de la SEN y se realizó mediante la entrega de kits de alimentos y no de giros para compras. Según publicó la SEN en fecha 8 de mayo la institución realizó entrega de kits de alimentos a 24 comunidades indígenas de los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón alcanzando a 4.352 familias con un total de 139.264 kilogramos de alimentos. 

En otra publicación la SEN señala que distribuyó 183.299kg de alimentos a 5.903 familias indígenas y rurales del Departamento de Presidente Hayes, “fueron beneficiadas 31 comunidades y 71 aldeas de entre las más vulnerables de los distritos de Villa Hayes, Tte. Irala y Benjamín Aceval al sur de la Región Occidental del País” según la publicación de la SEN de fecha 28 de abril. Siendo estas las únicas referencias a asistencia a comunidades indígenas del Chaco durante el tiempo de emergencia. 

Respecto a la asistencia sanitaria a comunidades indígenas Tierraviva solicitó informes al Ministerio de Salud, los cuales fueron respondidos en el plazo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública. Según consta en la información proporcionada se destinaron 195 millones de guaraníes – más del 50% de este monto corresponde a donaciones- para equipar los Hospitales de la Región Occidental, en cuyas áreas de incidencia se encuentran las comunidades indígenas. El Hospital de Boquerón recibió 4 camas hospitalarias (donación del PNUD), un carro de paro, un ventilador pulmonar (donación de la firma copetrol), tres monitores paramétricos y un oxímetro de mano. EL Hospital de Mariscal Estigarribia recibió dos sillones de hidratación y una camilla con ruedas, el mismo equipamiento fue entregado al Hospital de Fuerte Olimpo.  

La respuesta al pedido de información pública, realizado por Tierraviva, incluye también la entrega de medicamentos e insumos a las regiones sanitarias de la Región Occidental, sin embargo, la información es poco legible.  

Si bien la información recabada en la presente nota apunta principalmente a los datos disponibles respecto a comunidades indígenas del Chaco, también es importante mencionar que los datos relativos a las comunidades de la Región Oriental tampoco se encuentran mayormente disponibles. Resulta fundamental, en un marco de emergencia como el actual, que el Estado paraguayo cuente con información sistematizada y accesible en relación a la atención a una de las poblaciones más vulnerables, como es la población indígena. 

La falta de información consolidada y transparente es un inconveniente al momento de monitorear la asistencia recibida por las comunidades indígenas, lo que en muchos casos impide la ejecución de políticas de asistencia que tengan un carácter integral en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

 

 Accede a la respuesta del Ministerio de Salud al Pedido de Información Pública solicitado por Tierraviva

1- Respuesta1

2- Respuesta 2

3 – Respuesta 3