El Agente Fiscal de Delitos Econ\u00f3micos, Ren\u00e9 Fern\u00e1ndez y los abogados de la querella adhesiva, Ireneo Tellez y Maximiliano Mendieta, presentaron acusaci\u00f3n contra el ex presidente del INDI, Rub\u00e9n Quesnel, por los hechos punibles de Lesi\u00f3n de Confianza y Apropiaci\u00f3n, y requirieron que la causa sea elevada a juicio oral y p\u00fablico. Adem\u00e1s se present\u00f3 acusaci\u00f3n contra Marlene Mendoza, Ever Otazo y Rub\u00e9n Viera, procesados en la causa.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, entre los meses de enero y febrero de 2013, los imputados sustrajeron de manera irregular y se apropiaron de la suma de 3.127.191.527.- Gs (Guaran\u00edes tres mil ciento veintisiete millones ciento noventa y un mil quinientos veintisiete)<\/b>, que estaba depositado en dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento. El hecho fue denunciado en setiembre de 2013 por el actual presidente del Indi, Jorge Serv\u00edn, por no encontrar ning\u00fan comprobante del uso de dicho monto.<\/p>\n
El monto de dinero deb\u00eda ser utilizado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades ind\u00edgenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los a\u00f1os 2005 y 2006, respectivamente. La Corte IDH hab\u00eda condenado al Estado paraguayo por la violaci\u00f3n de los derechos humanos de las comunidades y sus miembros, entre ellos a la vida y la propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales.<\/p>\n
Ireneo Tellez, abogado de la querella, manifest\u00f3: \u201cla desaparici\u00f3n de esta importante suma de dinero es de por s\u00ed muy grave, pero se agrava aun m\u00e1s por el hecho de que se trata de la violaci\u00f3n de un derecho patrimonial que se hab\u00eda originado como consecuencia de condenas de violaciones a los derechos humanos de las comunidades ind\u00edgenas. Las cuentas fueron creadas para dar cumplimiento a dos condenas de la Corte IDH contra el Estado. Adem\u00e1s, el principal acusado era el presidente del Indi, y como tal deb\u00eda tener un rol tutelar hacia los pueblos ind\u00edgenas\u201d<\/i>.<\/p>\n
Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que: \u201cEl Estado se ve obligado a informar a la Corte IDH que no podr\u00e1 satisfacer uno de los puntos resolutivos de las condenas debido a la corrupci\u00f3n. Vale recordar que el se\u00f1or Quesnel, en otra causa, ya tiene fijado un juicio oral y p\u00fablico por vender 25.000 hect\u00e1reas de las tierras de los Ayoreo, cuando tambi\u00e9n era presidente del Indi\u201d<\/i>.<\/i><\/p>\n
\u00a0<\/b><\/p>\nSentencias de la Corte IDH contra el Paraguay <\/b><\/h5>\n
Las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, luego de ser despojadas de sus tierras ancestrales, viven al costado de la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepci\u00f3n, dpto. de Pdte. Hayes, desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os.<\/p>\n
Luego de m\u00e1s de una d\u00e9cada de tr\u00e1mites administrativos y judiciales para la recuperaci\u00f3n de sus tierras y ante la negativa del Estado de restituirles las tierras, entre los a\u00f1os 2000 y 2001 ambas comunidades acudieron ante el sistema interamericano de derechos humanos.<\/p>\n
La Corte IDH conden\u00f3 al Estado paraguayo por violar los derechos humanos de las comunidades, oblig\u00e1ndolo, entre otros puntos, a restituir las tierras reivindicadas a las comunidades, que se encuentran en manos de ganaderos. Sin embargo, a nueve a\u00f1os de la sentencia de la Corte en el caso de la comunidad Yakye Axa, y a ocho a\u00f1os en el caso de Sawhoyamaxa, las sentencias aun no fueron cumplidas integralmente. El plazo m\u00e1ximo que hab\u00eda otorgado la Corte IDH al Estado paraguayo fue de tres a\u00f1os.<\/p>\n
En enero de 2012 el Estado adquiri\u00f3 tierras para la comunidad Yakye Axa, donde viven unas 99 familias, pero por falta de una v\u00eda de acceso adecuado los ind\u00edgenas no pueden trasladarse hasta las tierras que fueron adquiridas. El Ministerio de Obras P\u00fablicas inici\u00f3 trabajos de apertura del camino en agosto de 2012, en un trayecto no superior a 60 km, pero dado el escaso inter\u00e9s puesto por esta y otras instituciones de seguimiento, el trabajo no tuvo ning\u00fan avance.<\/p>\n
Por su parte, los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa, poblada por unas 150 familias, reocuparon sus tierras ancestrales en la noche del 20 de marzo de 2013, luego de esperar siete a\u00f1os para el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Actualmente, se encuentra en estudio un proyecto de ley de expropiaci\u00f3n a favor de la comunidad en la C\u00e1mara de Senadores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"