La Organizaci\u00f3n Tierraviva, con m\u00e1s de 25 a\u00f1os de trayectoria en el acompa\u00f1amiento a las luchas territoriales de los Pueblos Ind\u00edgenas, manifiesta su rechazo a la propuesta de modificaci\u00f3n del Art\u00edculo 142 del C\u00f3digo Penal propuesta por los Senadores Riera, Zavala y otros, ya que la misma pretende blindar la posesi\u00f3n irregular de tierras malhabidas y s\u00f3lo profundizar\u00e1 la criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n hacia quienes reclaman el derecho constitucional de acceder a la tierra.<\/p>\n
De la misma manera, rechazamos la propuesta de Ley que busca modificar el Art\u00edculo 98 del Estatuto Agrario que prev\u00e9 excluir de los programas sociales y subsidios del Estado a personas que se encuentren imputadas por la ocupaci\u00f3n de tierras. Est\u00e1 medida es inconstitucional y viola los principios b\u00e1sicos del Estado de Derecho, fundamentalmente la presunci\u00f3n de inocencia. Decenas de miembros de Comunidades Ind\u00edgenas se encuentran hoy d\u00eda imputados por luchar por la restituci\u00f3n de sus territorios ancestrales, est\u00e1s personas ser\u00e1n revictimizadas por el propio Estado que les niega el derecho a acceder a sus territorios.<\/p>\n
En Paraguay la concentraci\u00f3n de la tierra en pocas manos alcanza niveles escandalosos y las instituciones del Estado no han ejecutado pol\u00edticas p\u00fablicas adecuadas para garantizar el derecho a un pedazo de tierra a cientos de miles de paraguayos y paraguayas.<\/p>\n
M\u00e1s de 8 millones de hect\u00e1reas de tierras entregadas ilegalmente por la dictadura a sus aliados, jam\u00e1s han sido recuperadas; alrededor de un mill\u00f3n de hect\u00e1reas de tierras p\u00fablicas han sido apropiadas de forma irregular por sojeros, ganaderos y latifundistas, sin que el Estado ejecute acciones para impedir o reparar esta situaci\u00f3n.<\/p>\n
Las modificaciones propuestas al Art\u00edculo 142 del C\u00f3digo Penal posibilitar\u00e1n blindaje a quienes hoy detentan, ilegalmente, no s\u00f3lo la propiedad sino, incluso, la mera posesi\u00f3n de tierras, por lo que podr\u00edan estar llamadas a proteger posesiones irregulares. Y adem\u00e1s, condenando a la c\u00e1rcel a quienes reclamen la recuperaci\u00f3n de estos territorios que deber\u00edan estar en manos de Comunidades Ind\u00edgenas y Campesinas.<\/p>\n
Solo en los \u00faltimos meses m\u00e1s de 800 familias ind\u00edgenas han sufrido desalojos violentos, en manos del Ministerio P\u00fablico, la Polic\u00eda Nacional y civiles armados, que de forma totalmente ilegal e ileg\u00edtima despojan a las comunidades de sus tierras. Con esta propuesta legislativa las v\u00edctimas de estos atropellos, no s\u00f3lo quedar\u00e1n sin sus tierras contrariando la propia Constituci\u00f3n y un ordenamiento supranacional, sino que adem\u00e1s ser\u00e1n criminalizadas y encarceladas.<\/p>\n
Ante este contexto, el planteamiento de aumentar las penas y la persecuci\u00f3n a quienes reclaman su derecho a la tierra se asemeja m\u00e1s a una provocaci\u00f3n propia de sectores antidemocr\u00e1ticos que a una propuesta de soluci\u00f3n real para una problem\u00e1tica social de ra\u00edces profundas e hist\u00f3ricas.<\/p>\n
Finalmente, ratificamos nuestro pleno rechazo a las modificaciones del Art\u00edculo 142 del C\u00f3digo Penal y del Art\u00edculo 98 del Estatuto Agrario y llamamos a los legisladores a actuar de forma responsable, rechazando estos intentos de profundizar la persecuci\u00f3n a quienes luchan por acceder a la tierra. Confiamos en que\u00a0 se tomen medidas para garantizar el acceso a la tierra a las comunidades ind\u00edgenas y campesinas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"